La reciente decisión de prohibir las estelas químicas en Tennessee y Florida ha impulsado una legislación similar en otros estados.
Lo que comenzó como una teoría conspirativa sin fundamento se ha convertido en un movimiento legislativo cada vez más extendido que ya se ha extendido a ocho estados de EE. UU. (y posiblemente haya más en camino).
La conspiración de las estelas químicas comenzó en la década de 1990, cuando surgió una teoría que sugería que las estelas de vapor de los aviones de gran altitud, que a menudo se pueden ver cruzando el cielo, son en realidad estelas de sustancias químicas rociadas deliberadamente por el gobierno con fines oscuros y nefastos.
Si bien se han propuesto varios objetivos, desde pruebas de armas químicas o biológicas hasta la modificación del clima, nunca se ha presentado evidencia concluyente de que estas estelas sean algo siniestro.
No obstante, en los últimos años, tanto Tennessee como Florida han presentado leyes para ilegalizar estas actividades, o más específicamente, para prohibir la “inyección, liberación o dispersión, por cualquier medio, de una sustancia química, un compuesto químico, una sustancia o un aparato a la atmósfera con el propósito expreso de afectar la temperatura, el clima, la meteorología o la intensidad de la luz solar”.
Aunque los críticos han argumentado que estos proyectos de ley son una pérdida de tiempo, varios otros estados, incluidos Luisiana, Texas, Kentucky, Minnesota y Dakota del Norte, también están buscando introducir su propia legislación equivalente.
Pero hay al menos alguna razón para ser cautelosos con lo que se rocía en el cielo.
Timothy Tangherlini, profesor de la Escuela de Información de Berkeley, cita el Agente Naranja (un herbicida utilizado durante la guerra de Vietnam) como un excelente ejemplo.
“Hay ciertas sustancias rociadas desde aviones que tuvieron un impacto enorme en el medio ambiente y en la salud de las personas”, afirmó.
“Cincuenta años después, existe una profunda desconfianza hacia el gobierno y las cosas que vuelan”.
Sin embargo, aún está por verse si más estados decidirán introducir su propia legislación para combatir estas prácticas.