A medida que la minería lunar se acerca a convertirse en una realidad, la pregunta de quién puede realmente beneficiarse de ella se vuelve más pertinente.
Martina Elia Vitoloni: En las historias de ciencia ficción, las empresas suelen explotar la Luna o los asteroides. Aunque parezca descabellado, esta idea está cada vez más cerca de hacerse realidad.
Cuerpos celestes como la Luna contienen recursos valiosos, como el regolito lunar (también conocido como polvo lunar) y el helio-3. Estos recursos podrían tener diversas aplicaciones, como la fabricación de propulsor para cohetes y la generación de energía para el mantenimiento de misiones de larga duración, lo que aportaría beneficios tanto en el espacio como en la Tierra.
El primer objetivo de este proyecto es recolectar regolito lunar. Una empresa que asume este reto es ispace, una empresa japonesa de exploración espacial que firmó un contrato con la NASA en 2020 para la recolección y transferencia de propiedad del regolito lunar.
Recientemente, la empresa intentó aterrizar su módulo de aterrizaje RESILIENCE, pero la misión no tuvo éxito. Aun así, este esfuerzo marcó un paso significativo hacia la comercialización de los recursos espaciales.
Estas circunstancias plantean una pregunta fundamental: ¿cuáles son las normas legales que rigen la explotación de los recursos espaciales? La respuesta es simple y compleja, ya que existe una combinación de acuerdos internacionales y regulaciones en evolución que considerar.
¿Qué dice el sistema legal internacional?
El instrumento legal fundamental para la actividad espacial es el Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, más comúnmente conocido como el Tratado del Espacio Ultraterrestre.
Si bien el derecho espacial a menudo se considera un campo legal novedoso, el Tratado del Espacio Ultraterrestre data de 1967, lo que le otorga más de medio siglo de antigüedad.
Las actividades espaciales han evolucionado exponencialmente desde su adopción. En los 60 años posteriores al lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite puesto en órbita, se lanzaron menos de 500 objetos espaciales al año. Pero desde 2018, esta cifra ha ascendido a miles, con casi 3000 lanzados en 2024.
Debido a esto, el tratado a menudo se considera inadecuado para abordar las complejidades actuales de las actividades espaciales, en particular la explotación de recursos.
Un debate de larga data se centra en si el Artículo II del tratado, que prohíbe la apropiación del espacio ultraterrestre (incluida la Luna y otros cuerpos celestes), también prohíbe la minería espacial.
La postura predominante es que el Artículo II únicamente prohíbe la apropiación de territorio, no la extracción de recursos en sí.
Nos encontramos en un momento crucial en el desarrollo del derecho espacial. Debatir sobre la legalidad de la extracción es inútil. En cambio, la atención debe centrarse en garantizar que la extracción de recursos se lleve a cabo de conformidad con principios que garanticen el uso seguro y responsable del espacio ultraterrestre.
Legislación espacial internacional y nacional.
Un avance significativo en la gobernanza de los recursos espaciales ha sido la adopción de los Acuerdos Artemis, que, a junio de 2025, cuentan con 55 países signatarios. Estos acuerdos reflejan un creciente consenso internacional sobre la explotación de los recursos espaciales.
Cabe destacar que la Sección 10 de los acuerdos indica que la explotación de los recursos espaciales no constituye apropiación y, por lo tanto, no viola el Tratado del Espacio Ultraterrestre.
Considerando el ritmo típicamente lento de las negociaciones multilaterales, un puñado de naciones introdujeron legislación nacional. Estas leyes rigen la legalidad de la explotación de recursos espaciales, permitiendo a las empresas privadas solicitar licencias para llevar a cabo este tipo de actividad.
Hasta la fecha, seis naciones han promulgado este tipo de legislación: Estados Unidos en 2015, Luxemburgo en 2017, los Emiratos Árabes Unidos en 2019, Japón en 2021, Brasil en 2024 y, más recientemente, Italia, que aprobó su ley el 11 de junio de 2025.
Entre estos, el marco legal de Luxemburgo es el más completo. Establece una serie de requisitos para otorgar autorización para la explotación de recursos espaciales. De hecho, la licencia de ispace para recolectar regolito lunar se obtuvo bajo este régimen.
El resto de las regulaciones suelen limitarse a proclamar la legalidad de esta actividad sin entrar en demasiados detalles, posponiendo los detalles de su implementación para futuras regulaciones.
Si bien estas iniciativas sirvieron para situar los recursos espaciales en la vanguardia de los foros internacionales, también corren el riesgo de fragmentar la regulación, ya que los distintos países adoptan normas y enfoques diversos.
¿Qué nos depara el futuro?
Reconociendo la necesidad de un enfoque global coordinado, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos creó un Grupo de Trabajo sobre Aspectos Jurídicos de las Actividades con Recursos Espaciales. Su mandato consiste en desarrollar un conjunto de principios generales que guíen el desarrollo de la actividad.
En mayo de 2025, el presidente del grupo de trabajo, Steven Freeland, presentó un borrador de principios recomendados basado en las aportaciones de los Estados miembros.
Estos principios reafirman la libertad de uso y exploración del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, a la vez que introducen normas relativas a la seguridad de las actividades y su sostenibilidad, así como a la protección del medio ambiente, tanto terrestre como espacial.
El desarrollo de un marco jurídico para los recursos espaciales aún se encuentra en sus primeras etapas. Se espera que el grupo de trabajo presente su informe final para 2027, pero el carácter no vinculante de los principios plantea inquietudes sobre su cumplimiento y aplicación.
A medida que la humanidad se acerca a la extracción y utilización de recursos espaciales, la necesidad de un sistema de gobernanza cohesionado y responsable nunca ha sido mayor.